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CORRUPCIÓN EN LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN.

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Daniel Ambriz Mendoza/ ALTORRE

La nota que publicaron las periodistas Miriam Hernández y  Violeta Gil en el diario de circulación estatal “El Sol de Morelia”, el pasado 9 de diciembre del 2013, donde sacan a la luz parte de la podredumbre que se da en el primer círculo de poder en la Secretaría de Educación en el Estado de Michoacán, es una muestra de lo que se  ha venido haciendo cotidianamente en la dependencia educativa y que se hereda  administración tras administración.

La nota denuncia la asignación de plazas a familiares directos de funcionarios de primer nivel aportando fechas, nombres y números de claves asignadas de los beneficiados gracias a la corrupción que impera en mencionada dependencia de gobierno. Los funcionarios ahí señalados están transgrediendo la normatividad y están pisoteando el cacareado código de ética publicado por este gobierno y al que se suponía se tendrían que ajustar todos los integrantes de la presente administración pública estatal.

Con esta conducta, los funcionarios implicados lanzan una mala señal al exterior y sus hechos los convierten en los peores detractores del Gobernador del Estado, quien depositó en ellos la confianza para administrar un área de la dependencia más significativa de todo gobierno: La Secretaría de Educación. Ante tal situación debe venir una investigación exhaustiva que pruebe lo denunciado por las periodistas autoras de la nota de referencia que derive en la consiguiente aplicación de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos y la inmediata sanción que corresponda.

Y no es el simple hecho de que los beneficiados, en el caso que se menciona, sean hijos y cuñada de los funcionarios del primer círculo de poder en la Secretaría de Educación en el Estado, ¡no!, se trata de algo aún más grave, se dice en la nota que los nuevos trabajadores de la educación no tienen el perfil para ocupar la plaza que se les asigna y algo más grave, les dan su adscripción en la ciudad de Morelia y a un centro de trabajo que no corresponde al nivel de la clave asignada, violando la normatividad que rige la institución educativa y pisoteando los derechos de todos los trabajadores de la educación que ya se encuentran en servicio y que aspiran llegar a la capital del estado como parte de su proyecto de vida y de superación proprofesional. Lo menos que espera la ciudadanía en caso de ratificarse la denuncia que se hace de estos hechos, es el cese inmediato de los funcionarios involucrados, su inhabilitación para volver a ocupar puestos públicos y la revocación  de las órdenes de adscripción asignadas bajo este proceso de corrupción y nepotismo.

La corrupción es un acto reprobable independientemente de la condición social o política de quien lo cometa, forma parte de lo intolerable, de lo ruín y de lo injusto. El caso que nos ocupa trasciende todos lo límites del ser corrupto, no es igual a la “mordida” que se ofrece y se recibe por dejar pasar una infracción o por agilizar un trámite, el acto de corrupción que hacen público la dupla de periodistas se gesta, nace, crece y se reproduce en el funcionario público que lo comete porque los beneficiarios de este abominable acto son sus hijos, dicho de manera coloquial, “se despacharon con la cuchara grande”. El hecho puede tomarse también como un robo directo al erario público.

Y si esto es apenas la punta del iceberg, cuanta razón tienen los trabajadores de la educación que muchas veces me dijeron en la serie de reuniones de información que sostuve sobre la reforma educativa que su principal temor radicaba en la desconfianza casi generalizada en el gobierno y en sus instituciones, siendo lapidarios en la siguiente expresión: ” con la reforma educativa el gobierno intenta que la corrupción pase sólo de su lado”

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